HACIA UNA NUEVA MAYORÍA NACIONAL Y POPULAR.
UN MOVIMIENTO PARA LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA SOCIAL
Compañeras y compañeros:
El presente informe es un documento preliminar, a ser complementado y enriquecido por todos/as nosotros/as, y tiene el propósito de proponer, debatir y acordar lo relacionado con la implementación, base diagnóstica, política, carácter y objetivos del nuevo movimiento político cuya constitución hemos venido impulsando colectivamente desde hace varios meses.
Un Movimiento que surge de la apreciación común sobre la realidad política nacional, de la percepción colectiva sobre la necesidad de levantar nuevos instrumentos políticos y sociales, y del interés y el compromiso de avanzar juntos en los objetivos políticos principales, en beneficio del país y de la mayoría de los chilenos y chilenas.
Situación general
El mundo entero vive bajo el predominio del gran capital transnacional y financiero, que impone sus intereses contra los derechos de la mayor parte de la humanidad haciendo peligrar incluso la preservación de la misma.
El modelo neoliberal universalmente impuesto vulnera los derechos nacionales y humanos; atenta contra los derechos económicos y sociales de los pueblos y de los/as trabajadores/as; acentúa las relaciones comerciales desiguales, y destruye las reservas naturales y el medio ambiente, volviendo la vida humana y las relaciones sociales mucho más precarias, desiguales, injustas e inseguras.
Los avances tecno-científicos de los últimos decenios, que han cambiado significativamente las formas de trabajo y el desenvolvimiento de la vida en sociedad en muchos de nuestros países, deberían brindar posibilidades productivas formidables para un desarrollo cualitativamente mejor de las condiciones de desenvolvimiento de la mayoría de la humanidad. Sin embargo, el carácter capitalista, en general, y neoliberal, en particular, de las relaciones sociales que sustentan hegemónicamente la economía y la política, obstruyen radicalmente la oportunidad de resolver los grandes problemas que agobian a la humanidad.
Se han producido mutaciones de considerable importancia para la perspectiva de la transformación social en prácticamente todos los ámbitos de la política, la economía, la sociedad y la cultura: la transnacionalización de la economía, la incorporación de las mujeres a la producción asalariada, los cambios cuantitativos y cualitativos en la composición de la fuerza de trabajo, la proletarización de los productores de bienes no materiales, entre otros aspectos.
De esta manera, en la nueva realidad se entremezclan antiguos y nuevos fenómenos, como las contradicciones y discriminaciones sociales, de género, étnicas, territoriales, etc. que tienen como respuesta diversos procesos de organización y de lucha, en los cuales nuevos y viejos sujetos sociales se expresan con mayor amplitud y diversidad.
Situación nacional
A 17 años del plebiscito, aún no se superan los enclaves antidemocráticos a los que se aferran las dos derechas, la Alianza, y el sector derechista de la Concertación (que ha adherido al modelo neoliberal impuesto en el gobierno), lo que, sumando a una de las más injustas distribuciones del ingreso del mundo, da como resultado una desmedida concentración en una minoría, del ejercicio de la política y de los beneficios de la riqueza, perfilando una nueva oligarquía con poder político y económico a costa de la mayoría de los chilenos y chilenas.
En el campo de los derechos humanos, por su parte, -ese hito emblemático en la vuelta de la seudo-democracia- la Concertación a jugado a hacer recuperación y reparación menos que en “la medida de lo posible”, eludiendo no solo el necesario debate nacional sobre las responsabilidades políticas respecto de la dictadura, sino sobre sus consecuencias estructurales en todos los planos de la vida nacional.
Por otro lado, “solución privada” a problemas públicos ha creado la supremacía del mercado en la sociedad, transfiriendo los costos justamente a los que menos obtienen de los beneficios del “crecimiento macroeconómico”. Son esas mayorías, las que paradójicamente, terminan financiando los negocios y la capitalización de lo que ya se ha convertido en el “negocio” de los servicios sociales otrora públicos: resulta una ficción hablar hoy de educarse, de enfermarse, transportarse, como “derechos” sociales universales.
Tenemos la convicción que la actual clase política y su dogma neoliberal no resolvió las históricas desigualdades económicas, sociales, regionales, de género, étnicas y generacionales que afectan a Chile, sino, más bien las ha agudizado.
Consideramos que el desprestigio cada vez más generalizado de la clase política puede constituir la expresión de un problema orgánico para el futuro de la conducción política de los poderosos, por más que recurran al recambio de sus cuadros políticos dirigentes, ya sea a nivel ministerial o parlamentario. Es ése el problema que está detrás de la apresurada y superficial discusión sobre la llamada “cohesión social” que hoy preocupa a las élites.
Sin embargo, las crisis coyunturales del bloque dominante, como los períodos de desorden intra elitario, no implican necesariamente la existencia de crisis orgánicas del sistema de dominación, por ello, aún cuando constituyen señales de su debilitamiento, si es que no se dan pasos firmes en orden a proyectar la unidad social y política de los sectores subalternos, dichos “desórdenes” seguramente se traducirán en nuevas oportunidades funcionales para la circulación de las propias elites en el poder (léase hoy: “alternación” o “desalojo” del Ejecutivo).
El momento político
El momento está marcado por el reconocimiento generalizado de la enorme inequidad y problemas sociales generados por el modelo.
La derecha trata de desviar el debate a la sola utilización de recursos públicos sin afectar la concentración y la distribución de la riqueza.
La Concertación y el gobierno con su llamado a un nuevo pacto social, muestran un camino ya antes recorrido y estéril, el de los acuerdos con la derecha y el gran capital, que impide hacer realidad una democracia plena y un Chile más justo y equitativo.
No omitimos los avances relativos que representa, por ejemplo, la Ley de Subcontratación, o que se hayan puesto en la escena pública problemáticas que imponen una crítica valórica importante (como la impugnación de la violencia hacia las mujeres o la discusión sobre la equidad e igualdad de derechos sexuales y reproductivos), la mayoría de estos avances, sin embargo, han sido fruto de batallas duras y permanentes de los sectores sociales organizados, no concesiones graciosas del poder. En todos los campos, las realizaciones específicas del actual gobierno han sido mucho menos de las esperadas. Absolutamente insuficientes, amén de erráticas, como el transantiago. Las expectativas que mucha gente depositaba en el gobierno se han trizado, sino derrumbado. No hay mucho más que esperar de las políticas de la Concertación.
Así, por ejemplo, la reforma previsional emprendida descontando la participación, no prueba que se esté por soluciones estructurales. Más lejano aún fue lo del vergonzoso aumento del salario mínimo. La agenda laboral del propio gobierno está suspendida. La situación de radical inequidad regional en la distribución de fondos públicos y en la generación de políticas sociales, económicas y culturales, ha quedado dramáticamente de manifiesto a partir del desastre de Tocopilla y de la segunda región.
Por su parte, el acuerdo gobierno-Alianza sobre la nueva ley de educación, surgido a partir de la mesa de diálogo que se instaló gracias a las movilizaciones de los/as estudiantes secundarios/as, ha excluido justamente los cambios que constituyen la centralidad del problema educativo en nuestro país: lo relativo a la igualdad y a una mayor integración social en el sistema educacional, enfrentándonos con ello a una reforma que profundiza un modelo privatizador, segmentador y excluyente en educación. Este pacto hace evidente no solo el consenso al interior de las élites en lo relativo al actual modelo de desarrollo, sino que también nos debería alertar frente a una nueva forma de operar de éstas, las que, con la legitimidad que les otorga tratar problemas surgidos de demandas sociales, terminan dando a ellos resoluciones convenientes más bien a la corrección y al afinamiento del modelo, que a su cambio en sentido progresivo. Así, lo más probable es que los resultados de la comisión de equidad sean también finalmente negociados entre Concertación y Alianza.
En este contexto crece el descontento en las filas de la Concertación y se acentúan sus contradicciones internas. A la acción de los parlamentarios díscolos, se suma la posición de Arrate, que sostiene bregar por un acuerdo entre la Concertación y sectores extraparlamentarios y de izquierda para concretar la democratización y justicia social pendiente.
La impopularidad del cuarto gobierno de la Concertación y el debilitamiento del consenso político de corto plazo al interior de ésta y en la propia Alianza, han contribuido a crear un escenario de incertidumbre frente a las próximas coyunturas electorales al interior de ambos conglomerados, cuyas direcciones han intentado remediar dicho desorden mediante el disciplinamiento interno, llamados de retorno a las “bases doctrinarias fundacionales”, etc.
Por su parte, los instrumentos marginales del sistema político (movimentales, partidarios, coalicionales, etc.) han demostrado una progresiva incapacidad para expresar los embrionarios momentos de unidad o malestar de los sectores sociales subalternos (movilización pingüina, transantiago, malestar de las regiones, votantes independientes, etc.), llegando tarde a donde no pasa nada, siendo la oposición conservadora la más resuelta a interpretarlos en la búsqueda de la alternación en el Ejecutivo -sin lograrlo por la vía electoral en las últimas cuatro décadas, pero siempre con altas posibilidades de conquistarlo-.
Sin embargo -es imprescindible destacar-, lo más esperanzador y avanzado del momento político es el florecimiento de la movilización y lucha de importantes sectores sociales, presididos por los estudiantes, sectores de la educación, profesionales, y muy vigorosamente por los trabajadores forestales y del cobre, todo lo que se podría llegar a traducir en un nuevo rol de los movimientos sociales en la estructuración del mapa del poder.
Hoy ya nadie niega que existe en nuestro país un momento de reconstrucción del tejido social y de recuperación cualitativa de la movilización y lucha de los pueblos, que une lo reivindicativo y lo político; lucha que, además, posee interesantes signos de estar animada por formas nuevas de mirar el ejercicio mismo de la política, recalcando su vocación de mayorías, su asunción y reivindicación de la autonomía de los movimientos sociales y de formas democráticas de decisión y organización de la lucha social.
Todo esto ocurre, además, en un contexto donde los pactos políticos existentes han perdido ostensiblemente su capacidad para interpretar políticamente a la ciudadanía. Encuesta tras encuesta, los datos recalcan el desprestigio de dichos referentes para hacerse cargo de las nuevas demandas sociales y ciudadanas.
Estos datos demuestran un debilitamiento de la ruptura fundacional de la política de los ‘90, es decir, de la distinción histórica autoritarismo v/s democracia, mermando así la hegemonía concertacionista y sus posibilidades de conducción de la sociedad, y cuestionando con ello, también, a la política en general tal como está constituida, como espacio y actividad para la solución de los problemas sociales.
Los sectores sociales que dieron origen a los partidos políticos de centro, centro-izquierda, e izquierda fundados desde la primera mitad del siglo XX, se han distanciado progresiva y mutuamente de estos instrumentos, evidenciándose hoy un claro proceso de oligarquización de la política y los partidos.
En todo este escenario, es posible identificar ciertos contornos de lo que podrían ser las condiciones para una nueva ruptura social, fundamentalmente vinculadas a los altos niveles de inequidad integral y estructural de la sociedad chilena, que amplían la brecha entre una minoría privilegiada y una mayoría perjudicada en sus distintos ámbitos de vida.
Este periodo no duradero constituye también una verdadera oportunidad para la formación de una nueva fuerza política que interprete las nuevas y viejas demandas e identidades sociales, reconstruyendo un nuevo sentido de comunidad y de ciudadanía que dispute la apropiación de los valores nacionales por parte de los sectores conservadores de nuestro país, a partir de un proyecto progresista de nación.
Crisis del modelo
Hemos llegado a una situación de abierta crisis del modelo en Chile. Una economía tremendamente injusta, con un nivel de concentración económica históricamente inédito: un 54% de los trabajadores reciben una remuneración inferior a $216.000; los chilenos endeudados deben 7,5 veces su sueldo; son 800.000 las mujeres que trabajan sin previsión ni salud; seis millones de trabajadores y trabajadoras chilenos no tienen derecho a negociar colectivamente; un 40% de jóvenes pertenecientes a hogares más pobres no encuentran trabajo.
Una democracia cautiva y tutelada. Una derecha encumbrada en el poder político gracias a una constitución no democrática y su poder económico. Un sistema político cada vez menos representativo, con más de dos y medio millones de jóvenes no inscritos y los chilenos en el exterior, sin derecho a voto.
En prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional se expresan las contradicciones y elementos objetivos de crisis (en el modelo de desarrollo en general, debido al consuetudinario rol de exportador de productos primarios en el contexto internacional; en las evidencias de la manipulación y usura sobre los consumidores en un mercado interno cada vez más monopolizado por los mega consorcios empresariales; en la salud pública, en la viviendo, la educación, etc.)
Nuestra propuesta. Un nuevo proyecto para Chile
Estamos convencidos y convencidas de que la única vía para resolver estas contradicciones está vinculada al surgimiento de un nuevo proyecto nacional, un proyecto plena y auténticamente democrático, fiel exponente de los intereses nacionales, de las legítimas aspiraciones populares y de la mayoría del país.
Este nuevo proyecto debe interpretar correctamente el momento histórico, sus contradicciones fundamentales. Debe levantar una política independiente, amplia y de masas. Un programa inicial marcado por lo nacional y lo regional, lo democrático y la justicia social y por la reivindicación de una nueva forma de pensar y hacer política en Chile: profundamente autocrítica, autónoma y democrática.
Un movimiento para la democracia y la justicia social
En esa perspectiva política general, venimos a acordar la conformación de un Movimiento cuya denominación tenemos que resolver colectiva y democráticamente.
Queremos convocar a todos los chilenos y chilenas, a los y las trabajadores, a los y las jóvenes y estudiantes, a los pueblos originarios, al mundo profesional e intelectual, a los artistas, a los pobladores, al Chile diverso y plural, a la constitución de un nuevo referente político y social desde y para esas mayorías, que permita su expresión independiente, directa y autónoma en la política.
Es éste un movimiento en formación, integrado por chilenos y chilenas, demócratas, progresistas, independientes, de izquierda y autonomistas, que nos unimos para conformar una nueva mayoría nacional, para hacer realidad en Chile la democracia y la justicia social.
Es un referente que surge desde el movimiento social, de profundo carácter nacional, popular, democrático y solidario.
Un movimiento político y de masas, una nueva opción frente a la clase política tradicional. Dispuesto a apoyar toda iniciativa en favor del interés nacional, democrático, popular y de las mayorías, y a ser firmes opositores de la derecha y sus manifestaciones y de toda medida, no importa quién la impulse, que contraríe estos intereses, los intereses del pueblo y la ciudadanía mayoritarios.
Un movimiento abierto a la integración de todos quienes se sientan demócratas, sin distingos de tipo religioso y filosófico, social, de género, territorial, generacional o étnico.
Como movimiento ponemos al centro de nuestra política el bienestar de las mayorías, y por eso consideramos urgente un nuevo modelo de desarrollo para el Chile del siglo XXI, que defienda a todo evento el bienestar de las mujeres y hombres de la patria, que ponga en el centro a los humanos y las humanas en todo el potencial y proyección de desarrollo de sí mismos/as.
Un movimiento comprometido con las reivindicaciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales de nuestro país sin suplantar a sus movimientos sociales y sus respectivas organizaciones, cautelando y exigiendo respeto a su autonomía e independencia, fortaleciendo la transparencia, la democracia y la participación.
Este movimiento es también respuesta crítica a los partidos tradicionales, a la necesidad de reimaginar la política y desembarazarla de los viejos vicios, deformaciones y de la corrupción.
Es un movimiento abierto a influir y ganar para una política independiente a los descontentos, que sabemos sufren los efectos del modelo y comparten los ideales de justicia social.
Un movimiento para reconstruir el rol protagónico de las mayorías en la historia de nuestro país.
Cómo organizamos el movimiento
Concebimos al movimiento como un medio o instrumento de participación y transformación para impulsar y materializar los ideales, valores y los objetivos políticos no resueltos, de las mayorías.
En consecuencia, debemos disponer de mecanismos de integración y participación sencillos, ágiles y modernos, asegurando acceso democrático al movimiento, a sus actividades y definiciones.
Como punto de partida se propone que el movimiento, a todo nivel, se estructure en base a Asambleas horizontales y regulares. Con un coordinador electo a cargo de encabezar la acción política y coordinar la actividad de todos/as los/as miembros.
En este marco, se proponen los siguientes derechos y deberes:
1. El movimiento esta orgánicamente basado en el ejercicio de la democracia y la participación, de la transparencia y el respeto a la diversidad.
2. Todos/as los/as miembros tenemos iguales derechos y deberes.
3. Los acuerdos y definiciones se adoptan por mayoría.
4. Todas las instancias son colectivas y electas periódicamente.
5. Las definiciones programáticas, políticas y orgánicas fundamentales se adoptan en eventos participativos.
6. El sistema de revocación de cargos radica en la decisión de la mayoría.
7. Es un deber de todos/as garantizar el debate real, la libertad de pensamiento y de opinión.
8. Es deber de todos/as cautelar normas de convivencia basadas en la verdad, transparencia, fraternidad y solidaridad.
9. No habrá discriminación de ningún tipo (ni social, ni de género, ni étnica) para participar en cualquier instancia del movimiento.
Asimismo, será necesario, en lo inmediato, definir colectivamente un cuerpo mas completo de normas para la transitoriedad.
El programa del movimiento
Debemos definir colectivamente cuáles son las medidas programáticas y de gobierno que impulsa el movimiento.
El programa debe plantearse la realización de cambios políticos, económicos, sociales y otros, que expresen los intereses de los y las trabajadores y la mayoría del país, que supere el modelo, definiendo un nuevo modelo de desarrollo, más humano, democrático, de justicia social.
En principio, podemos levantar algunos ejes programáticos que representen lo medular de nuestra propuesta y que posteriormente podamos ampliar y profundizar.
Pueden ser: por ejemplo:
a.) La democratización del país y de la política nacional.
b.) La realización las tareas políticas y económicas en pos de efectiva justicia y equidad social.
c.) La equitativa y real elevación de la calidad de vida de los ciudadanos/as (derecho a la estabilidad en el trabajo, a un trato laboral digno, a remuneraciones justas; el resguardo del derecho al descanso, al tiempo libre, a la cultura).
d.) La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
e.) El derecho al acceso universal a bienes y servicios públicos de calidad: salud, educación, vivienda, transporte, energía.
f.) La descentralización del Estado y del Gobierno de Chile.
g.) El reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche y de las diversas etnias originarias.
h.) La superación de toda política o práctica de discriminación por opción sexual
i.) El diseño de políticas económicas sustentables ambientalmente y en las que se promueva el cuidado del ecosistema.
j.) El resguardo de la soberanía nacional sobre los recursos naturales y del interés nacional y mayoritario frente al gran capital.
Relaciones políticas y sociales
Las transformaciones que impulsamos en esta etapa, responden al interés nacional, democrático y popular que admite espacios muy amplios de entendimiento con sectores afectados por el modelo.
El movimiento tiene un amplio espacio y puede desempeñar un fructífero rol en la recreación de acción común, acuerdos, compromisos y alianzas para el período, superando la dispersión, hacia la acumulación de fuerzas por el cambio de modelo.
Necesitamos emprender rápidamente, a partir de nuestras definiciones políticas y objetivos, las relaciones con diversos movimientos sociales, actores políticos, sectores alternativos, parlamentarios díscolos, figuras concertacionistas críticas, organizaciones sociales, grupos descontentos de la Concertación, regionalistas, independientes, etc.
Instrumento legal
Nos proponemos en el futuro inmediato que el movimiento cuente con un instrumento legal que nos permita expresión política electoral, como un componente de la estrategia política y de masas.
Por lo pronto, paralelamente podemos y debemos ir trabajando el listado de las 100 personas patrocinadoras, en los materiales para recolectar firmas en todo el país, los documentos formales de programa, declaración de principios, nombre y símbolos, propuestas para ocupar cargos directivos legales. etc.
La acción política
El Día 10 de diciembre próximo realizaremos el lanzamiento público del Movimiento, contando con la respectiva convocatoria, la que concordamos, debe expresar discursiva y estéticamente esta vocación de mayorías y estos principios democráticos y renovadores que nos animan.
Esperamos que la acción política se realice a través del movimiento de manera creciente, haciéndonos presentes en cada coyuntura, en cada conflicto, en cada tema del debate nacional, y en todos los niveles.
Proponemos elegir a las y los compañeros y compañeras que van a integrar el coordinador del Movimiento para encabezar una decidida intervención en la política y en la lucha de masas, para la instalación y popularización del movimiento. Además, luego de su lanzamiento debemos programar una primera asamblea del Movimiento.
Se necesita de toda la creatividad y capacidad colectiva. Cada uno/a de nosotros/as podemos aportar, en medio de la acción política, en la elaboración y desarrollo de muchas definiciones que nos faltan. Todas y todos podemos contribuir a levantar propuestas, a aportar en materia de programa, a desarrollar las fuerzas del movimiento.
Necesitamos ahora:
- Asegurar un buen lanzamiento del movimiento
- Levantar la Pagina Web del movimiento.
- Armar el equipo de trabajo organizacional del movimiento.
- El equipo de finanzas.
- El equipo de respuesta inmediata.
Compañeras y compañeros, existe la certidumbre de que habrá muchos/as que acojan nuestra convocatoria y se integren al movimiento. Tenemos que ser capaces de recibirlos/as, de acogerlos/as fraternalmente, de dotarnos de un espacio adecuado de participación y de ser capaces de encontrar e impulsar en la práctica real aquellas nuevas formas de hacer política que hemos de imaginar y resguardar colectivamente.
Diciembre 01 del 2007.
